NACIÓN Y CIUDAD

Presencialidad: ¿decisión salomónica de la Corte?

El gobierno nacional a la espera del aval de la Corte.

VANESA PETRILLO

Mientras la situación sanitaria está en su peor momento desde la llegada del coronavirus, el Poder Judicial jugará esta semana un papel clave en la disputa entre el Ejecutivo -que prioriza la necesidad de frenar la circulación del COVID- y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -que dará batalla para voltear el decreto que dispuso la suspensión de las clases presenciales por dos semanas-.

Resta una semana que será caliente, porque -con cualquier resolución que adopte la Corte Suprema- habrá mucha tela para cortar. Y sobre todo porque en el Gobierno Nacional nadie afirma que las clases de manera presencial volverán a partir del 3 de mayo, ante la posible renovación de la medida.

Volviendo a la Corte, según trascendió, el fallo tendrá una arista bien jurídica sobre las competencias, la autonomía de la Ciudad, y también va a tener que introducir el tema de la la Salud Pública y Educación, por lo que la lectura será política.

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El Estado demoró su presentación, para poner sobre la mesa la realidad epidemiológica de los últimos días. Por eso, el énfasis en la presentación ante la Corte, está en ratificar que el DNU fue una medida sanitaria, no educativa, y que tiene fuerza de ley.

Con el dictamen de la bicameral del Congreso -que avaló los dos últimos decretos de Alberto Fernández- el gobierno llega mejor parado ante la Corte Suprema.

Hasta el momento, por un lado existe un fallo de un juez federal que respalda el decreto, y por otro, un gobierno local, que se apoyó en la decisión de una Cámara -también local- para entrar en desobediencia.

Todo fue a parar a la Corte Suprema, donde Rodríguez Larreta planteó originalmente la acción de inconstitucionalidad.

¿Qué pasará en el máximo estrado judicial del país? Los antecedentes indican algunas pistas: en el caso Formosa, el Tribunal evaluó que los derechos pueden ser restringidos cuando sea necesario proteger la salud pública, pero aclaró que lo cierto es que las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos. Las mismas deben ser acotadas, limitadas en el tiempo, y ajustadas a criterios científicos.

La Corte no se siente presionada en un contexto donde todos ganan tiempo. El Gobierno se tomó todo el plazo para presentar su posición, y Larreta aprovechó toda la semana para mostrarse firme y desobediente al decreto presidencial.

¿Qué dirá el fallo de la Corte? Nadie adelanta nada. En los pasillos se huele alguna decisión salomónica que conforme a ambas partes, tal vez validando el DNU, pero con indicaciones para limitar o acotar las medidas.

Lo que resuelva la Corte también impactará en las heridas que sufrió el propio Gobierno Nacional: el decreto presidencial desautorizó al propio ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, que ya piensa cómo implementará una presencialidad administrada.

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