Cómo contrabandear soja a Brasil y Paraguay

INFORME ESPECIAL. CONTRABANDO A BRASIL Y PARAGUAY.

Marcelo Burchisky

El tráfico de soja desde el centro del país hasta Brasil y Paraguay es incesante. Los camiones cruzan varias provincias hasta llegar a puertos clandestinos, donde los granos son pasados en balsas improvisadas.

 Misiones. Prefectura naval impidió que 230 bultos de soja ilegal salieran del país. El cargamento estaba valuado en mas de 345.000 pesos. (Prefectura naval)

Las rutas que recorren los camiones que son sacados de forma ilegales del país son dos

  • Por el Norte del país, a través de Salta, para pasar a Bolivia y llegar a Paraguay
  • Por Formosa para llegar a ese mismo país, o por la provincia de Misiones, para trasladar los granos a Brasil.

Si bien Misiones tiene frontera con Paraguay, el transporte ilegal hacia éste país es difícil, porque el río Paraná es peligroso y la frontera está blindada por la Gendarmería y la Prefectura Naval.

Cada vez son mas recurrentes los operativos para incautar soja que es exportada de manera ilegal. 

La diferencia con la frontera con Brasil es que el río Uruguay es bajo y en algunas zonas se pueda pasar a pie los 300 metros que separan Argentina de aquel país.

Este límite es de baja conflictividad, porque no se presenta la problemática del narcotráfico y las asimetrías económicas no son tan profundas. Lo más recurrente es el contrabando de cigarrillos y vinos desde territorio argentino hacia aquel país, pero los volúmenes son escasos. Es por ello que no hay saturación de efectivos de fuerzas de seguridad en el área.

Estas circunstancias son aprovechadas por las grandes productoras de granos, para evadir impuestos y vender por fuera del mercado legal la soja. Es que, en términos monetarios, el evasor obtiene una rentabilidad cercana del 100%.

Esto es porque un productor de la soja llega a vender por 29.000 pesos por tonelada en el puerto de Rosario.

El valor oficial de mercado en ese puerto, por efecto de las retenciones del 33 por ciento, es de 350 dólares por tonelada, y al productor se lo pagan al valor del dólar oficial, de 88 pesos, es decir, que puede ganar hasta $31.000 por tonelada.

Un camión traslada 32.000 kilos, es decir que obtiene casi $986.000 por camión. En Brasil, la soja se paga a 500 dólares. Pero, al pasar el grano de contrabando, no paga ningún tipo de impuestos, salvo los gastos de logística.

Los puertos clandestinos son la vía de escape para los contrabandistas de soja.

Cada camión transporta entonces, 16.000 dólares en mercaderías -a precio de Brasil-, por lo que el productor obtendría una ganancia extraordinaria de unos 800 mil pesos aproximadamente por camión.

La ganancia es extraordinaria y aunque el desarrollo de esta logística ilegal demanda una gran inversión de dinero, los grandes productores de soja no escatiman en gastos porque la rentabilidad es aún mayor.

La producción de soja se carga en camiones que trasladan 32.000 kilogramos cada uno. Parten en su mayoría desde Santa Fé, Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires, cruzan por provincias hasta llegar a Corrientes y Misiones.

Una vez que llegan al límite entre Corrientes y el territorio misionero, utilizan al menos dos maniobras para sortear los controles. Una, es circular por caminos rurales para desviar los puestos de la Gendarmería y la Policía de Misiones con el fin de ir hacia el Norte, a poblados que se hallan a la vera del río Uruguay, frente a Brasil.

La otra, es exhibir documentos oficiales, pero con datos falsos que revisten de cierta legalidad el tránsito del producto.

En busca de evitar los impuestos y retenciones, los productores sojeros avanzan con esta práctica. 

Luego de transitar por la Ruta Costera 2 en Misiones, la soja transportada a granel se almacena en galpones que los chacareros utilizan habitualmente para guardar su producción, pero que los alquilan a los empresarios, a escasos metros del límite internacional.

Allí se cargan los granos en bolsas de 50 kilogramos que luego son preparadas para ser enviadas a Brasil.

Para esta tarea se contratan a obreros rurales a los que se les paga hasta $2.000 por día.

Una vez acopiadas las bolsas, son cargadas en pequeños camiones que circulan en caminos rurales, acondicionados para tal fin, hasta la vera del río Uruguay.

Una vez allí, se instalan guarda raids -que fueron oportunamente sacados de las rutas- para utilizarlos como rampa.

Los chapones se ponen entre el camión y las embarcaciones precarias de dos metros de ancho por seis de largo, o balsas hechas con tablones y montadas sobre tres canoas, balsas improvisadas en las que se carga hasta 10.000 kilos de soja que se traslada hasta la otra orilla.

Del otro lado existen puertos clandestinos también acondicionados para la circulación de camiones, donde aguardan los vehículos que trasladan luego la carga a las fábricas de aceite.

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La ganancia de las grandes corporaciones y productoras de grano que venden a Brasil, reciben el pago en negro y en dólares. Parte de estas ganancias reinvierten en mano de obra, transporte, falsificación de documentos, asesoramiento jurídico, alquiler de galpones y logística de traslado fluvial.

El resultado es la continuidad de un mecanismo de contrabando de soja que en 2020 generó un daño económico al Estado argentino de 1900 millones de dólares.

Legalidad

Cómo los narcotraficantes, los productores sojeros reciben duras penas por el contrabando de soja.

Para que un camión con soja pueda circular legalmente, el camionero debe portar una carta de porte que dice de dónde salió esa soja, cuánto pesa la carga y qué destino tendrá.

En los documentos consta en nombre del destinatario de esta soja, quien debe ser un productor agropecuario que utiliza el producto para alimentar animales; un exportador, un fabricante de harina, o un comerciante con solvencia económica.

Generalmente las cargas son decomisadas cuando, en los controles de las fuerzas de seguridad federales, los transportistas exhiben la carta de porte y se detecta que el destinatario es un jubilado, una persona sin trabajo, insolvente o, una persona que no existe.

Esto ocurre en los puestos de control que cuentan con sistemas informáticos proveídos por AFIP. De no contar con eta tecnología, es imposible detectar la maniobra ilegal.

Ocurre cuando dos camiones con cargas similares llevan el mismo número de carta de porte. Al verificarse estas claves, el sistema revela que esa carga ya fue despachada o que no existen en el sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, son falsos.

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Hecha la ley, hecha la trampa


Para cubrir la ilegalidad de las maniobras, los responsables de las cooperativas falsas, como los dueños de las chacras cuentan con asesoramiento legal y contable para poder eludir los operativos de control.

Los abogados cubren los baches legales para evitar que se decomisen los camiones y los granos acopiados.

En este contexto, propician que acopio de la soja se realice en chacras privadas para que no puedan ingresar las fuerzas de seguridad -especialmente la Prefectura- sin una orden judicial y con pruebas de la comisión de un delito.

"Tuvimos casos que se decomisó la mercadería y los camiones, pero llegó un abogado e hizo caer el operativo, al alegar que los camiones pertenecían a terceros y que no habían sido usados para cometer ilícito. Y respecto de la soja alegó que no se había cometido fraude fiscal, aunque las bolsas ya estaban por ser enviadas por el río", contó un investigador que intervino en una de las causas federales activadas por contrabando de soja.

Los estudios contables, en tanto, intervienen en la gestión del pago de impuestos en AFIP y anticipos de Ingresos Brutos en la provincia por cada carga de soja, como si fuese para consumo local, pero luego los granos son llevados a otro país por fuera del mecanismo legal.

Además, el otro escollo legal existente es que el delito de contrabando se configura cuando el producto está en tránsito fluvial hacia el otro país.

Sólo cuando la mercadería es hallada a la vera del río, durante la carga de las balsas, se inician causas por contrabando, en el fuero federal.

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En los demás casos, las acciones judiciales son por el delito de falsificación de documentos públicos.

Para desalentar el tráfico de productos oleaginosos, el gobierno de Misiones impuso multas de $900.000 a los dueños de cada camión retenido con soja ilegal, a los cuales también se le inician acciones penales.

Sólo en los dos primeros meses del año unas 33 causas por contrabando y evasión fiscal en el fuero federal, informaron fuentes oficiales de Misiones.

Respecto de lo que ocurre con la carga una vez que llega a Brasil, las organizaciones también se valen de vericuetos legalistas para evitar que se los impute por contrabando.

Para ello los granos de soja se cargan en Argentina en bolsas de arroz y soja cuyo origen es el Brasil.

Las inscripciones en los bultos indican "industria brasileira", por lo que, cuando las fuerzas de seguridad de aquel país interceptan los cargamentos carecen de elementos para demostrar que ese producto ingresó ilegalmente desde Argentina.

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Cadena de responsabilidades

En el tráfico de soja intervienen al menos ocho eslabones. El primero, es el productor que tiene grandes extensiones de plantaciones y acumula los granos.

Se vale de obreros a los que se le paga unos $1500 por día de trabajo para que carguen los granos en los camiones.

Una vez que están cargados los transportes se debe realizar la documentación de transporte que consta en una carta de porte y declaraciones a la AFIP en los que se demuestra que el grano va a un puerto con el fin de ser exportado.

Es en esta etapa en la que intervienen los falsificadores de documentos. Los dueños de la soja envían dos camiones, uno al puerto de Rosario, con documentos originales y, otro, a Misiones con papeles falsos.

Otra maniobra es la de crear empresas cooperativas fantasmas en Misiones. Estas realizan compras reales de cargas de soja, pero para consumo interno, pero los granos llegan a la provincia y son llevados ilegalmente al exterior.

"Esos camiones ingresan a la provincia con papeles en orden aparentemente, no tienen unos papeles apócrifos, sino que son generados por el mismo Estado Nacional permitiéndoles el traslado. La inconsistencia de estos papeles, es que aquellos que portan los mismos no tienen la capacidad económica para poder afrontar el costo de esos traslados, de esa carga, lo que hace suponer que hay atrás de todo esto una asociación", explicó Marcelo Pérez, Ministro de Gobierno de Misiones.

El ministro también planteó así que existen personas que "prestan" nombres para que se hagan estas compras millonarias que, finalmente, benefician a los grandes productores de soja.

Indicó que ingresarían a la provincia unos 400 camiones con soja por semana con fines de contrabando, es decir que 12.800.000 de kilogramos de ese cereal son llevados a Brasil cada siete días.

El funcionario recordó, que el gobierno de la Provincia de Misiones inició una lucha frontal contra el contrabando ilegal de soja. Para ello instruye a efectivos policiales y personal de la Agencia Tributaria Misionera para que detecten las cargas ilegales que ingresan a territorio provincial.

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Esta situación es particular, porque es la única provincia que se aboca con recursos propios a bloquear el tráfico ilegal de mercadería que tiene como destino un país extranjero, una acción que debiera ser exclusiva de la Administración Federal de Ingresos públicos.

El gobierno nacional, en tanto, instruyó a la Gendarmería Nacional a que intensifique los controles en las rutas nacionales.

Es así que en 2018, 2019 y 2020 se hicieron incautaciones de soja en once provincias.

En el mismo tiempo aumentó en 143% la cantidad de incautaciones de soja ilegal, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En 2020 en Corrientes, la Gendarmería incautó camiones con soja en 33 operativos; mientras que en Misiones hubo 25 retenciones de camiones con granos.

El rol de los intendentes

Debido a que las comunidades donde se instalan los galpones donde se acopia soja se hallan en pueblos de escasa actividad económica, generalmente parte de la población colabora con la carga y descarga de camiones a cambio de una paga.

Esto genera un ingreso extra de dinero al circuito económico de los poblados, como, entre otros, Alba Posse, Colonia Aurora y El Soberbio, comunidades que no superan los 20.000 habitantes, todas ubicadas en la costa del río Uruguay.

En estos lugares, las administraciones municipales conocen la problemática macro, pero dado no es de su competencia, poco se inmiscuyen en la cuestión. Sólo se limitan a realizar actos de gestión y mejoras, obras habituales que se realizan en las zonas rurales.

Es así que, a pedido de los dueños de las chacras, realizan arreglos de caminos y preparar el terreno e iluminar los lugares por donde luego cruzarán luego los camiones cargados con soja.

Corresponsal NEA

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